Que es El plan Dignidad 2023 camino a la legalización
El plan Dignidad 2023 incluye un camino a la legalización para aquellos indocumentados que llevan al menos 5 años en Estados Unidos y no tienen antecedentes criminales. Los elegibles entrarán en un proceso de «redención» de siete años al término de los cuales serán elegibles para pedir la ciudadania por naturalización.
Dos legisladoras de origen hispano, una republicana y otra demócrata, presentaron este martes un plan de reforma migratoria bipartidista ante la Cámara de Representantes.
La nueva propuesta incluye un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que llevan al menos cinco años en el país, carecen de antecedentes criminales y se sometan a un periodo de “redención” de siete años antes de calificar para la ciudadanía por naturalización.
Las autoras del plan, las congresistas María Elvira Salazar (R-Florida) y Verónica Escobar (D-Texas), señalaron que la iniciativa espera reanudar conversaciones entre ambos partidos sobre un tema “tóxico” en el Congreso, donde recientemente fue aprobado un plan que busca revivir la política migratoria de tolerancia cero del expresidente Donald Trump.
“Esta legislación lleva más de seis meses en proceso”, dijo Escobar durante la presentación.
“Aborda la seguridad e infraestructura fronteriza, crea un estatus legal para los inmigrantes indocumentados que ya viven en Estados Unidos con la posibilidad de obtener la ciudadanía, establece nuevas vías para los solicitantes de asilo y crea nuevas vías legales para los migrantes económicos y los menores no acompañados”, agregó.
Si bien se trata de un plan bipartidista, las expectativas de que avance en comités y luego en el pleno de la Cámara Baja son bajas al no contar, por ahora, con el apoyo de los liderazgos de ambas bancadas. De ser así, el proyecto Dignidad, tal como sucedió en 2021 y 2022 morirá en el intento.
Para ser aprobaba en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, el proyecto requiere 218 votos, mientras que en el Senado, bajo control demócrata, hacen falta 60 votos y los republicanos solo tienen 49.
La última vez que la Cámara Baja aprobó una reforma migratoria fue el 18 de marzo de 2021 cuando dos proyectos de ley fueron respaldados con votos de ambos partidos e incluían una vía de legalización para millones de indocumentados. Ambas iniciativas, sin embargo, se estancaron en el Senado.
Precedente migratorio de mal augurio
El proyecto Salazar-Escobar asoma apenas 10 días después de que la Cámara de Representantes aprobara la iniciativa H.R. 2, que incluye reanudar la construcción del muro fronterizo, eliminar la política del ‘catch and release’ (‘capturar y liberar’ a indocumentados bajo fianza mientras esperan la resolución de sus casos de asilo) y reducir la autoridad Ejecutiva del presidente en materia de inmigración.
El H.R. 2, patrocinado por los representantes Mario Díaz-Balart (R-Florida) y Tom McClintock (R-California), y que cuenta con el respaldo del presidente del Congreso, Kevin McCarthy (R-California), deja fuera cualquier posibilidad de regularización de los 12 millones de indocumentados que viven en el país, algunos desde hace más de dos décadas y con familias mixtas establecidas.
McCarthy, desde que asumió el liderazgo de la Cámara de Representantes tras las elecciones de medio término de noviembre del año pasado, ha reiterado que no impulsará en el pleno ninguna iniciativa migratoria que incluya beneficios para indocumentados hasta que el gobierno no ponga fin a la crisis en la frontera con México.
El proyecto de reforma Salazar-Escobar
El proyecto, de unas 500 páginas y presentado a través de redes sociales el martes, se enfoca no solo en modernizar la ley de inmigración, que a juicio de ambos partidos y de la Casa Blanca se encuentra rota, sino que se basa en un fuerte componente de seguridad nacional.
El plan, denominado “Ley Dignidad 2023”, fue presentado por Salazar la primera vez en marzo de 2021 y luego una versión mejorada en febrero del año pasado. En ambas ocasiones no consiguió avanzar en el pleno por falta de apoyo de ambos partidos.
El plan original incluía la legalización de dreamers (jóvenes que ingresaron indocumentados a Estados Unidos junto a sus padres antes de los 16 años) y trabajadores esenciales que estuvieron en la primera línea de combate a la pandemia del covid-19, tanto en centros asistenciales como en la línea de producción y abastecimiento a la población.
El proyecto de 2022 exigía una permanencia de al menos 10 años en el camino de redención antes de calificar para la ciudadanía.
Otros detalles de la vía de “redención”
En la nueva propuesta, los indocumentados tendrían que pagar $5,000 en restitución durante un período de siete años y un impuesto sobre la nómina del 1.5%. El plan especifica que los candidatos no serían elegibles para recibir ningún tipo o clase de beneficios federales.
El plan exige además que el camino de regularización o vía de ‘redención’ sólo aplicará a los inmigrantes indocumentados que llegaron y permanecen de manera ininterrumpida en Estados Unidos desde al menos cinco años antes de que el proyecto se convierta en ley. Esta fecha se conoce como ‘fecha de registro’.
El proyecto añade que después de los siete años de espera, quienes hayan atravesado el camino de la ‘redención o dignidad’, como lo establece la iniciativa, calificarían para iniciar el proceso de búsqueda de la ciudadanía por naturalización a través del formulario N-400.
Salazar dijo durante la rueda de prensa que los candidatos elegibles “se tendrán que agregar a la fila” de casos en espera de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
Al 31 de diciembre del 2022, la agencia federal tenía acumulados 474,725 solicitudes N-400. En total, la agencia registraba 8.841,152 expedientes en fila para ser resueltos, una acumulación histórica que en vez de disminuir no para de crecer.
Fondos para la frontera
El proyecto Salazar-Escobar también propone la designación de un presupuesto de $25,000 millones para aumentar la cantidad de personal de seguridad en las fronteras, así como el uso de tecnología y otras partidas para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), bajo cuyo mando opera la Patrulla Fronteriza (Border Patrol).
La iniciativa también busca la cancelación de la política del ‘catch and release’ y, en cambio, recomienda el establecimiento de lo que denominaron como “campus humanitarios” a lo largo de la frontera, donde los indocumentados cuyos casos sean referidos a la Corte de Inmigración (EOIR), podrían permanecer hasta por un tiempo de 60 días mientras las autoridades de inmigración evalúan sus solicitudes”.
Salazar y Escobar dijeron que tales centros mantendrían unidas a las familias y aliviarían la carga de los agentes de la Patrulla Fronteriza al permitir que organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos u otros brinden asistencia.
Noticias Univision
POR::JORGE CANCINO
