Trump quiere eliminar la ciudadanía por nacimiento y encerrar indefinidamente a niños inmigrantes, aboliendo derechos adquiridos tras la esclavitud
“Estamos considerando eso muy seriamente, la ciudadanía por nacimiento, donde (…) cruzas la frontera, tienes un bebé y felicidades, tu bebé es ahora un ciudadano de EE.UU…. es francamente ridículo”, dijo Trump a los medios al salir de la Casa Blanca.
Washington. VOA Noticias y El País Madrid. El presidente Donald Trump dijo esta semana que su gobierno está considerando seriamente acabar con el derecho a la ciudadanía para los niños nacidos de padres extranjeros y para las personas que emigraron al país de manera irregular. No es la primera vez que el presidente ha hablado sobre acabar con este derecho inscrito en la Constitución. El año pasado, Trump dijo al portal de noticias Axios que la eliminaría por medio de una orden ejecutiva.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento está recogido en la enmienda 14 de la Constitución, donde se lee que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos (…) son ciudadanas” del país. La enmienda fue agregada a la carta magna en 1868 para abolir la esclavitud y dar derechos legales y civiles a los afroamericanos.
Desde entonces, ha sido interpretada como la ley que concede ciudadanía a la mayoría de personas que nacen en Estados Unidos, aunque sus padres no sean ciudadanos o vivan ilegalmente en el país.
Más de 30 países en el mundo conceden el derecho a la ciudadanía por nacimiento, incluyendo la mayoría de naciones Latinoamericanas y Canadá. Aunque varios países de Europa no conceden de manera automática ese derecho por nacimiento, tienen leyes que permiten a los hijos de padres extranjeros adquirir la nacionalidad.
En Italia, por ejemplo, los hijos de padres extranjeros pueden acceder a la ciudadanía al cumplir los 18 años. En España, si uno de los padres es español, los niños la obtienen instantáneamente; pero si ambos son extranjeros, los menores pueden pedir la nacionalidad después de un año de residir en el país.
Desde el pasado octubre, más de 432.000 miembros de unidades familiares han sido detenidos, un aumento del 456% respecto al mismo período del año anterior, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. La última ola migratoria ha estado liderada por centroamericanos y mexicanos en busca de asilo. Más de 6.000 migrantes se presentaron de manera fraudulenta como miembros de una unidad familiar, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Para evitar esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha dos planes piloto que permiten hacer pruebas de ADN en la frontera para comprobar que los grupos que llegan están realmente emparentados, según informa El País de Madrid.
Con esta nueva normativa miles de familias no esperarán por su turno en libertad, sino que lo harán en un centro de detención. McAleenan dijo que a partir de este jueves ya habrá disponibles tres espacios que pueden albergar a cerca de 3.000 personas.
Actualmente hay cerca de 900.000 casos atascados en los juzgados de inmigración -casi el doble que hace tres años- a la espera de ser resueltos. Pueden tardar meses o incluso años hasta que un tribunal estudie un caso.
