Juez federal de EEUU acepta acuerdo en caso de separación familiar
Por VOA La Voz de America
Después de cinco años de una batalla legal, se ha aprobado un acuerdo de demanda colectiva sobre la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México.
WASHINGTON —
Tras una batalla legal de cinco años, se ha aprobado el acuerdo por una demanda colectiva sobre la separación de familias en la frontera entre Estados Unidos y México, que además, lo que es más importante, prohíbe el uso de una política similar durante los próximos ocho años.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó la demanda en 2018 para detener la separación forzada de niños de sus padres después de cruzar ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos.
El juez de distrito de EEUU en el Distrito Sur de California, Dana Sabraw, dio luz verde al acuerdo el viernes.
«Cuando presentamos esta demanda, nadie pensó que involucraría a miles de niños, y que nos llevaría a tantos países en busca de familias o que duraría años», escribió Lee Gelernt, el abogado principal de la ACLU en el caso, a través de un comunicado.
«Aunque nadie afirmaría que este acuerdo puede solucionar completamente el daño causado intencionalmente a estos niños pequeños, es un comienzo esencial», prosigue el texto.
La política permitió que agentes de inmigración separasen a más de 4.000 niños de sus padres y ese hecho solo se hizo público después de que se difundiera un audio de decenas de niños llorando, de forma desgarradora, por sus padres desde una instalación de detención federal de EEUU.
Entre 4.500 y 5.000 niños y sus padres estarán cubiertos gracias a este acuerdo judicial. Al mismo tiempo, se espera que el gobierno continúe identificando a las familias que fueron separadas.
Aunque se supo públicamente sobre las separaciones en 2018, un programa piloto comenzó en 2017 en el área de El Paso, Texas. La política generó una amplia indignación en ambos partidos y finalmente llevó al entonces presidente Donald Trump a firmar una orden ejecutiva poniendo fin a la práctica.
Muchos de los padres fueron deportados de EEUU sin sus hijos, algunos de los cuales quedaron en hogares de crianza o con parientes que nunca habían conocido antes.
El acuerdo ofrece recursos para ayudar a las familias a abordar el trauma sufrido bajo la política, según dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado el pasado octubre.
«El Departamento de Seguridad Nacional ha tomado medidas para asegurar que la práctica anterior de separar a las familias no vuelva a ocurrir, y estamos continuando el trabajo de reunir a los niños con sus padres», señaló.
Sin embargo, el expresidente Donald Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, ha dicho que podría reinstaurar la política de separación de familias si es reelegido.
«Si una familia escucha que van a ser separados, aman a su familia, no vienen», dijo Trump durante un foro comunitario en mayo. «Sé que suena duro».
Pero Gelernt, el abogado de la ACLU que representó a las familias separadas, dijo a la Voz de América en un correo electrónico que «si una administración futura intenta reinstaurar la práctica de separar a las familias, el acuerdo nos permite volver a los tribunales para obtener una orden que lo detenga».
La orden
El acuerdo de 46 páginas no ofrece dinero a las familias que fueron separadas, pero les permite solicitar un estatus legal temporal por tres años y un permiso de trabajo. Pueden recibir ayuda para encontrar vivienda y asistencia para los pagos iniciales de alquiler, como el primer y último mes de alquiler. Y el gobierno federal debe cubrir los copagos de servicios médicos y de salud conductual.
Las familias también pueden solicitar asilo, incluso si se les negó durante su tiempo en EEUU.
También prohíbe a los funcionarios de inmigración del país utilizar la acusación de que los migrantes ingresaron ilegalmente a EEUU como motivo para separar a los padres de sus hijos. Los agentes en la frontera deben demostrar abuso infantil o delitos graves antes de separar a las familias y también registrar los cargos, pruebas y a dónde se envía a cada niño en una base de datos gubernamental compartida. Según el acuerdo, si las familias son separadas, los abogados de la ACLU deben ser informados para que puedan impugnar las separaciones.
La Administración Biden creó un grupo de trabajo para seguir reuniendo a las familias separadas. Según un informe de septiembre del grupo de trabajo, 3.126 niños se han reunido con sus padres o tutores legales. El grupo de trabajo todavía está trabajando con organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales para reunir a 1.073 niños con sus padres.
De esos, 81 niños no tienen información de contacto válida para sus padres u otros familiares.
La Academia Americana de Pediatría, expertos en psicología infantil y otros grupos de bienestar infantil se han pronunciado en contra de la separación de niños de sus padres. Afirman que puede tener efectos duraderos en el crecimiento emocional y el desarrollo cognitivo de los niños.
La ACLU ha resuelto cientos de demandas en sus 103 años de historia, confirmó en un correo electrónico a los medios su director ejecutivo, Anthony D. Romero.
«Ninguna más importante que esta, pero por bienvenida que sea, el daño infligido a estas familias será para siempre trágico e irreversible», agregó.
