Trump y el Partido Republicano impulsan purgas agresivas de listas de votantes hasta el día de las elecciones
CNN
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Durante décadas, se ha asumido generalmente que cualquier depuración masiva de los registros electorales debe completarse al menos 90 días antes de una elección.
Pero los republicanos y la administración Trump están poniendo a prueba el alcance de la ley federal que prohíbe los programas de eliminación “sistemática” dentro de los tres meses previos a una elección, mientras el presidente Donald Trump impulsa revisiones más agresivas de los registros de votantes para detectar no ciudadanos y otros votantes inelegibles.
El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ha lanzado un esfuerzo amplio para obtener el archivo de registro de votantes de casi todos los estados y revisar esos archivos en busca de sospechas de no ciudadanos. Para esta revisión, el DOJ está utilizando una herramienta federal de base de datos de inmigración conocida como SAVE, o Systematic Alien Verification for Entitlements, que ha demostrado ser propensa a producir falsos positivos.
Algunos funcionarios electorales estatales han indicado que quieren libertad para eliminar nombres en los meses o semanas previas a una elección, pero otros funcionarios electorales — junto con defensores de los votantes — están preocupados de que los votantes elegibles corran el riesgo de ser privados de su derecho al sufragio con el aumento de los programas de depuración, especialmente mientras Trump intenta involucrarse más. Afirman que el llamado “periodo de silencio” es necesario para darle a los votantes elegibles que son eliminados por error tiempo suficiente para volver a inscribirse.
Trump y altos funcionarios de su administración han sido implacables en sus afirmaciones de que un aluvión de extranjeros en los registros de votantes ha contaminado las elecciones, aun cuando estudios han demostrado que el voto de no ciudadanos es muy raro.
Que la administración Trump intente involucrar al Gobierno federal de manera más directa en el proceso electoral hace que los argumentos legales de los republicanos sobre el periodo de silencio sean “más preocupantes”, dijo Brent Ferguson, director sénior de litigios estratégicos en Campaign Legal Center, que ha demandado con éxito a estados por violar el “periodo de silencio” de 90 días de la Ley Nacional de Registro de Votantes.
“Esto crea una situación en la que el propio Gobierno federal es el actor que trata de depurar votantes de los registros en los días previos a la elección, lo cual es claramente ilegal”, dijo Ferguson.
Un tribunal de apelaciones dictaminó en 2014 que Florida no podía usar el sistema de datos SAVE para depurar sus listas dentro de los 90 días previos a la elección debido a la disposición de período de silencio en la NVRA.
La administración Trump y los republicanos argumentan que la prohibición no se aplica a las depuraciones dirigidas a personas no ciudadanas y a otros individuos que nunca deberían haber estado registrados en primer lugar.
Otro tribunal de apelaciones rechazó ese argumento cuando fue presentado por funcionarios estatales republicanos en Virginia. Pero la Corte Suprema, en 2024, emitió un fallo de emergencia en ese caso que permitió al entonces gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, reiniciar un programa de eliminación de votantes apenas días antes de la elección, usando registros estatales para identificar presuntos no ciudadanos. (La gobernadora demócrata Abigail Spanberger terminó formalmente el programa cuando asumió el cargo este año y la demanda fue resuelta).
Ahora, el Comité Nacional Republicano está pidiendo a la Corte Suprema que se pronuncie sobre el fondo del asunto en un caso originado en Arizona. El Departamento de Justicia dijo en el litigio sobre sus demandas para obtener archivos de registro estatal que el período de silencio no se aplica a la revisión de listas de votantes que está realizando. Y en Ohio, el secretario del estado, el republicano Frank LaRose, está presentando argumentos similares para defender sus programas de mantenimiento de listas que utilizan datos de SAVE y del Departamento de Vehículos Motorizados estatal.
Los defensores de programas más agresivos de mantenimiento de listas dicen que existen mecanismos de seguridad para proteger contra la privación del derecho al voto.
“El argumento de que los estados –y especialmente los funcionarios electorales– no deberían hacer su trabajo o mantener listas de votantes precisas por una cuestión técnica es absurdo”, dijo a CNN el portavoz del RNC, Zach Parkinson.
Parkinson dijo que rechaza la idea de que “no podemos tener integridad electoral porque una persona imaginaria podría ser privada de su derecho al voto”.
