Centros de inmigrantes, un negocio cruel y rentable
ACLU: Entre 2017 y 2021 se reportaron 52 muertes de inmigrantes en instalaciones de CoreCivic y Geo Group, “el 95% de ellas eran evitables”
Las cárceles privadas se disparan en bolsa; se abrirán nuevos centros para poder albergar “al triple de detenidos por día”
El Congreso aprobó una inversión de $45.000 millones que se usarán para triplicar arrestos y construir nuevos centros de reclusión de inmigrantes.
New York.TINews. Las empresas privadas Geo Group y CoreCivic, que manejan la mayoría de los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos (ICE) tienen una larga trayectoria de irregularidades y violaciones de los derechos humanos y civiles según varias organizaciones y defensores de los inmigrantes.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) indicó que entre 2017 y 2021 se reportaron 52 muertes de inmigrantes: 18 en instalaciones de CoreCivic y 13 en las de Geo. El informe concluyó que el 95% de estas muertes eran evitables.
CoreCivic, competidor de Geo Group, recibió multas por incumplir con los cuidados de quienes se encuentran en sus instalaciones.
Liz Casey, trabajadora social que brinda asistencia legal gratuita a los detenidos del ICE en Arizona en centros de CoreCivic y Geo dijo que «las condiciones de limpieza, la atención médica, prácticamente todos los aspectos de la vida en estos lugares dejan mucho que desear».
Ambas compañías rechazaron estas acusaciones y aseguraron que proporcionan instalaciones «limpias y humanas», con atención médica acreditada para los detenidos.
Los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de 2023 muestran que alrededor del 90% de los detenidos por el ICE estaban recluidos en instituciones privadas, el 80% en CoreCivic y Geo Group.
En el penúltimo año del primer mandato de Trump en 2019, registraron ingresos récord: 1.980 millones de dólares y 2.480 millones de dólares
El año pasado, la organización sin fines de lucro Robert F. Kennedy Human Rights, la ACLU y otros grupos centrados en la inmigración publicaron un informe sobre las condiciones en nueve cárceles del ICE de Luisiana, incluidas cuatro dirigidas por Geo Group.
Basado en dos años de visitas y entrevistas con más de 6.000 personas, desde reclusos hasta empleados de las instalaciones, el informe concluyó que estos centros «violaban sistemáticamente los estándares mínimos de atención del propio ICE y las leyes estatales, federales e internacionales».
Entre las supuestas violaciones, «privación de necesidades humanas, trato abusivo y discriminatorio, y abuso y negligencia médica».
“Nunca en 42 años de historia en esta compañía hemos tenido tanta actividad y demanda por nuestros servicios como ahora”, dijo en mayo en una llamada con inversionistas Damon Hininger, director ejecutivo de CoreCivic. Desde enero, la cantidad de centros pasó de 107 a cerca de 200.
Denuncias y cuestionamientos
Algunos legisladores del Partido Demócrata criticaron esta expansión. La congresista Norma Torres intentó visitar un centro en Adelanto, gestionado por GEO Group, pero le negaron el ingreso por no haber solicitado el acceso con siete días de anticipación.
Torres afirmó que estos centros ocultan abusos y que las compañías lucran con el sufrimiento humano.
“Hemos escuchado las horribles historias de detenidos arrestados violentamente, con cuidados médicos básicos negados, aislados por días y heridos, sin tratamiento”, agregó la congresista Norma Torres.
Kristen Hunsberger, abogada del Centro Jurídico para los Defensores de los Inmigrantes, indicó que recibió denuncias sobre centros donde se negó atención médica y se reportó escasez de alimentos y agua potable.
También reportaron que a muchos detenidos se les restringió el acceso a asistencia legal, lo cual constituye una violación a derechos constitucionales.
La Subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, negó las acusaciones. Afirmó que los detenidos reciben alimentación adecuada, atención médica y pueden comunicarse con sus familiares y abogados.
A las afueras de los centros, familiares de los detenidos ofrecieron testimonios que contrastan con la versión oficial.
Una ciudadana estadounidense que estuvo detenido a su esposo dijo que estuvo cinco días sin poder comunicarse y que no les permitían a los detenidos asearse, ni lavarse los dientes; y que además dormían todos en el suelo.
Defensores legales como Kristen Hunsberger manifestaron que estas condiciones podrían responder a una estrategia para presionar a los inmigrantes a firmar su deportación, especialmente cuando no tienen contacto con familiares ni asesoría jurídica.
El caso de la peruana violada
y maltratada en GeoGroup
En la demanda presentada contra Geo, se relata que Carhuancho ingresó con «evidencia compatible de abuso sexual repetido y trauma, incluyendo hematomas significativos en los glúteos».
New York. Thomas Brewster. El pronóstico para Dulce Atahuaman Carhuancho era sombrío. Los médicos del Hospital Oschner Lafayette General, en Luisiana, le dijeron a la familia de la joven de 21 años que probablemente no sobreviviría a la hemorragia cerebral que padecía.
Aunque la causa de la lesión y de los hematomas en su cuerpo no estaba clara, sus abogados creen que fue resultado de un trauma sufrido dentro del South Louisiana ICE Processing Center (SLIPC), un centro de detención exclusivo para mujeres inmigrantes, administrado por la empresa privada de prisiones Geo Group, valuada en 5.000 millones de dólares.
De nacionalidad peruana, Carhuancho llegó a SLIPC tras ser detenida en Arizona, donde informó a las autoridades migratorias que buscaba asilo político. Pasó un mes en el centro de detención antes de ser trasladada de urgencia al hospital Oschner Lafayette.
Carhuancho sobrevivió, pero sufrió daño cerebral. Aún tiene dificultades para caminar sin ayuda, a menudo requiere asistencia para ir al baño. Geo Group hizo poco por dar explicaciones.
La empresa negó todas las acusaciones en la demanda de los Carhuancho, calificándolas de «infundadas». El litigio sigue en curso.
