Siete millones de trabajadores y sus familias en el limbo de la deportación
Expulsar de Estados Unidos a un millón de personas cada año cuesta unos 88 mil millones de dólares
El 14 por ciento de los trabajadores de la construcción en los Estados Unidos son indocumentados.
Se calcula que unos 11.3 millones de inmigrantes sin documentos viven en los Estados Unidos, de los que 7 millones trabajan.
New York. Kevin Williams/TINews/Agencias. Los costos de la masiva deportación prometida por el presidente electo Donald Trump se pueden calcular, pero lo difícil de saber es hasta dónde abarca la palabra criminal y quiénes o qué hechos podrían incluir en la lista de posibles expulsados de los Estados Unidos.
Trump prometió frenar la inmigración, con políticas de deportaciones masivas, donde los criminales son la prioridad. Los primeros afectados serían los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite a los trabajadores de determinados países venir a Estados Unidos a trabajar.
En cuanto al TPS, 863.880 personas viven en los Estados Unidos bajo esta protección. Provienen de 16 países designados, entre ellos Venezuela, Haití y El Salvador. Trece de estas nacionalidades verán sus protecciones expirar el año que viene a menos y se espera que Trump no lo prorrogue, mientras que las tres restantes terminarán en 2026.
Esto afectaría a la mayoría de los sectores de la economía, en particular la construcción, la vivienda y la agricultura.
El fin del ‘parole’ humanitario, TPS y DACA dejará a tres millones de inmigrantes a las puertas de la deportación en los próximos dos años
La decisión ya la había tomado el Gobierno de Biden de no prorrogar el ‘parole’ de 530.000 personas, que afectará sobre todo a inmigrantes procedentes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional y fuentes gubernamentales dicen que a unas 1.312.000 personas se les ha concedido el parole humanitario durante el Gobierno de Biden. De ellos, unos 530.000 provienen de América Latina y el Caribe: de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
A este se suma el TPS y DACA. Juntas, estas tres salvaguardas legales permiten a tres millones de inmigrantes residir temporalmente en el país de manera legal, y todas podrían expirar de aquí al 2026.
En el país hay 535.030 beneficiarios de DACA (cifras de junio del 2024). En septiembre de 2017, Trump anunció que pondría fin a este programa que protege de la deportación a los llamados dreamers, jóvenes sin estatus legal que llegaron a Estados Unidos siendo niños.
Tom Homan, ex director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el «zar de la frontera» nombrado por Trump, prometió «dirigir la mayor fuerza de deportación que este país haya visto jamás».
Jason Leverant, presidente y director de operaciones del Grupo AtWork, una agencia nacional de dotación de personal para la industria y la agricultura que opera en 39 estados, se muestra preocupado porque “ya escasean los trabajadores”.
«Hay muchos millones de indocumentados en los oficios; no tenemos estadounidenses para hacer el trabajo», dijo Chad Prinkey, director general de Well Built Construction Consulting, que trabaja con empresas de la construcción.
Y la oferta y la demanda dictan los salarios de los trabajadores, que se verán forzados a subir. Y eso repercutirá en toda la cadena de suministro. La falta de trabajadores afectará la distribución, los proyectos de construcción, y además el fenómeno se extiende a la mano de obra cualificada y la tecnología.
«El sector tecnológico depende en gran medida de los inmigrantes para desempeñar funciones altamente técnicas y cruciales», afirma Janeesa Hollingshead, responsable de expansión de Uber Works.
Hollingshead afirma que las empresas tecnológicas de Estados Unidos se van a ver obligadas a encontrar talento entre los grupos de personas que ya están en el país y que no se han tenido en cuenta antes.
Sin embargo, a pesar del impacto que podría tener en el mercado laboral, en la práctica, las deportaciones masivas podrían ser difíciles de llevar a cabo.
El Consejo Estadounidense de Inmigración calcula que en una operación de deportación masiva a largo plazo dirigida a un millón de personas al año, el coste medio sería de $88,000 millones anuales, o $967.900 millones en una década.
Según Leopold, dependiendo de la gravedad del plan, los cambios podrían llegar a los consumidores en forma de aumento de precios, problemas de suministro y acceso restringido a bienes y servicios.
Para Nan Wu, director de investigación del Consejo Americano de Inmigración, la deportación masiva “exacerbaría la actual escasez de mano de obra en los Estados Unidos que dependen de los trabajadores inmigrantes indocumentados”.
(American Immigration Council (AIC) asegura que la industria de la construcción perdería uno de cada ocho trabajadores en Estados Unidos ya que el 14 por ciento de los trabajadores de la construcción son indocumentados.
De acuerdo con AIC, se perderían el 30% de los empleos en la construcción y el 28% en la agricultura. Se generaría desempleo y las propias deportaciones costarían aproximadamente 315,000 millones de dólares.
«La eliminación de tantos trabajadores en un corto periodo de tiempo dispararía los costes de construcción y provocaría retrasos en la construcción de nuevas viviendas, haciendo que la vivienda fuera aún menos asequible en muchas partes del país», dijo Wu.
La Local 79, el sindicato de la demolición, está compuesto por unos 3,500 latinos, de los que el 70 por ciento no tienen documentos en regla, la mayoría de ellos ecuatorianos.
En 1996 se creó la Local Union 79 con una mayoría de inmigrantes sin documentos porque los estadounidenses no querían hacer este trabajo.
