Trabajadores migrantes y defensores demandan a Florida por ley de inmigración
MIAMI, Fla. (WFLA) – Los trabajadores migrantes y los grupos de defensores legales están presentando una demanda que desafía la ley de inmigración más nueva de Florida, el Proyecto de Ley del Senado 1718, que algunos consideran la ley de inmigración más dura del estado hasta la fecha.
Debido a la entrada en vigor de la SB 1718, algunas licencias de conducir de otros estados ya no son válidas en Florida. Los grupos que demandan alegan que la ley es “inconstitucional”.
Según un comunicado de prensa, la demanda establece que la Sección 10 del proyecto de ley es “inconstitucional para que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin previo aviso”, y agrega que el uso del término “inspección” por parte del estado es ” incoherente e inconstitucionalmente vago”.
La demanda federal fue presentada por Southern Poverty Law Center, American Civil Liberties Union, ACLU of Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council.
“A medida que llega la noticia del daño predecible infligido a Florida por la SB 1718, presentamos esta demanda para detener su criminalización inconstitucional de la comunidad inmigrante en un estado donde una quinta parte de la población nació en el extranjero. Esta legislación no es la solución a ningún problema. Es un intento de usar como chivos expiatorios y aterrorizar a familias y trabajadores vulnerables que ya están agobiados por la dificultad del proceso de inmigración federal, y de pelear con el gobierno federal para servir las ambiciones de algunos políticos. Nuestro desafío tiene como objetivo defender la Constitución y proteger a nuestras comunidades de la creciente amenaza de discriminación que plantea esta nueva ley de Florida”, dijo en un comunicado Amien Kacou, abogado de planta de la ACLU de Florida.
El caso fue presentado contra el gobernador de Florida Ron DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida.
Los grupos argumentan que la Sección 10 es solo una de una serie de nuevas leyes dentro de la SB 1718 que “perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias”.
Además de que Florida limita qué licencias de fuera del estado son válidas en el estado, la ley también requiere que los nuevos empleados tengan una verificación del estado laboral si la empresa contratante tiene 25 o más empleados. También fortalece las penas contra quienes a sabiendas contraten o transporten inmigrantes indocumentados en el estado.
Un demandante individual dijo que están demandando porque dañan a su familia y a muchos otros, cuando “no están haciendo nada para lastimar a nadie”.
“Estoy demandando porque esta ley perjudica a nuestra familia ya muchas otras. No estamos haciendo nada para lastimar a nadie. Al contrario, aquí estamos trabajando, pagando impuestos y tratando de brindar una vida segura a nuestras familias. Ahora tenemos miedo incluso de viajar juntos como familia. Nunca quisiera que mi hijo enfrente un delito grave por viajar con su madre y su hermana. No tiene sentido. Somos familia, ¿cómo puede ser esto?”, dijo el demandante en un comunicado.
El lunes, la Oficina del Gobernador emitió un comunicado sobre la demanda, calificándola de “escandalosa y abominable”
Durante años, la ACLU se ha desviado cada vez más hacia la izquierda y fuera de la corriente principal estadounidense. Largos son los días en que la ACLU defendía las libertades civiles reales, como la libertad de expresión y los derechos religiosos. Pero ponerse del lado de los traficantes de personas, algo verdaderamente escandaloso y abominable, no estaba en nuestra tarjeta de bingo.
Sin embargo, en Florida, continuaremos luchando contra la inmigración ilegal y la malvada depredación del contrabando de personas.
Esperamos defender Florida y sus leyes humanitarias contra los ataques de la ACLU y sus compinches izquierdistas .JEREMY T. REDFERN, SECRETARIO DE PRENSA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR
La demanda fue presentada en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en Miami.
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