Lilia Solano: Académica y defensora de derechos humanos quiere ser senadora por Alianza Verde para sembrar paz en Colombia

Filósofa de la Universidad del Valle y Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Lilia Solano ha sido docente en las universidades Javeriana y Nacional de Colombia. Alianza Verde, Centro Esperanza #44
New York. TINews. Es fundadora y directora del Proyecto Justicia y Vida que trabaja por los derechos de los desterrados y de las víctimas del conflicto armado. El espíritu con el que se impulsa esa organización está anclado en el respeto efectivo por el más “eminente de los bienes jurídicos de la persona: el derecho a ser y existir”, que es visto como la primera condición para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia.

Fue directora, en la Universidad Nacional de Colombia, de la Cátedra Camilo Torres Restrepo, Pensamiento de Liberación en América Latina.
Atendiendo a la población más vulnerable de Bogotá, Lilia y su organización son una voz para denunciar “los atropellos que, en un país como Colombia, afectado por un inveterado conflicto armado, se cometen a diario contra los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario”.

Por esa razón, a través de la reflexión académica, social y política, ese proyecto “busca abrir espacios dialécticos que permitan encontrar salidas a fenómenos como la violencia, el desplazamiento humano, las inequidades sociales, la imposición de estrategias foráneas que atentan contra la soberanía nacional y propugna por una solución política del conflicto colombiano”.
Su activismo la ha llevado a crear múltiples iniciativas y plataformas para defender los derechos humanos. Entre ellos se encuentran el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la plataforma Colombianos y Colombianas por la Paz, que impulsó desde la sociedad civil las negociaciones que adelantaron el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) y la otrora guerrilla de las Farc, que derivaron en la terminación de una confrontación armada que desangró el país durante 52 años.

También lucha para evitar que los crímenes perpetrados por grupos paramilitares queden sumidos en la impunidad, acompañando a víctimas que han padecido desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura y violencia sexual.

Entre 2003 y 2005, cuando se realizaron las negociaciones de paz con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), se opuso férreamente a que sus integrantes pudieran acceder a
cargos de elección popular y a que sus crímenes fueran amnistiados, como se contempló inicialmente, cuando se planteó juzgarlos bajo la figura del delito de sedición y no de guerra y lesa humanidad.

En el fragor de esas discusiones, que finalmente dieron origen a la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz, que estableció unas condiciones mínimas de justicia transicional para juzgar a los desmovilizados de las AUC a cambio de contar la verdad del conflicto armado y de reparar a sus víctimas, se creó el Movice.

Durante los momentos más delicados de la violencia paramilitar en el país, Lilia impulsó audiencias con sus víctimas y ayudó a tramitar el exilio de personas perseguidas por esos escuadrones de la muerte.

En medio de ese activismo también organizó tribunales internacionales de opinión en Bruselas y en Bogotá, en 2005 y en 2007, respectivamente, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, como una forma de cabildeo internacional y protección a las víctimas.
Por otro lado, impulsó una campaña para que las Farc liberaran a las personas que tenían secuestradas y así crear condiciones favorables para un posible proceso de paz.

En la actualidad investiga sobre los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia, especialmente los ocurridos tras la firma del Acuerdo de Paz, celebrada el 24 de noviembre de 2016. Y desde diferentes espacios en medios de comunicación denuncia las
distintas formas de violencia que golpean a los movimientos sociales y a quienes promueven reivindicaciones históricas.

A lo largo de su carrera ha padecido múltiples amenazas por diferentes medios: telefónico, correspondencia, correo electrónico y redes sociales. Su casa ha sido allanada en diferentes ocasiones, sus equipos de comunicación hackeados y ha sufrido hurto de computadores y equipos de comunicación “en circunstancias sospechosas”.

En dos momentos puntuales aumentaron las amenazas en su contra: durante la oposición que realizó a la forma laxa cómo se someterían los grupos paramilitares a la justicia y durante su trabajo a favor de una salida política y negociada del conflicto armado. En 2005 el Estado le asignó un esquema de seguridad.
Su activismo lo ha llevado más allá de las fronteras colombianas. Ha participado en Foro Social Mundial; invitada de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena Contra la Corrupción y el Crimen Organizado (2007); y fungió como jueza del Tribunal Permanente de los Pueblos que se llevó a cabo en La Haya, Holanda, en el juicio que