Trump quiere quitar derecho de residencia a solicitantes legales que reciban beneficios del gobierno, entre ellos medicaid
La medida afectaría principalmente a los inmigrantes de escasos recursos que aspiren a obtener beneficios o ayudas del Estado. La regla ha sido impulsada por Stephen Miller, consejero superior y asistente principal antiinmigrante del presidente Donald Trump. (En la foto de abajo)
New York. VOA Noticias de America). El director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE.UU., Ken Cuccinelli, anunció el lunes que toda persona que haya recibido algún tipo de ayuda del gobierno será susceptible a que se le niegue la residencia permanente. Durante una conferencia en la Casa Blanca, la autoridad migratoria indicó que entre la ayuda solicitada que se considerará al momento de determinar la elegibilidad para una tarjeta de residencia están las subvenciones para la vivienda, los alimentos y servicios de salud como Medicaid.
El jefe interino aseguró además que “habrá excepciones a la regla que no afectarán negativamente al inmigrante, como ayudas a mujeres embarazadas, hipotecas y préstamos para estudios. Refugiados y solicitantes de asilo estarán exentos de ser penalizados de cara a la residencia permanente”.
“No estamos haciendo algo nuevo aquí. Esta es una estructura legal que tiene ya 140 años, solo que ahora lidiamos con la interacción más reciente. Por lo tanto, no hay razón para que ningún grupo en particular sienta que esto los está apuntando, es cuestión de leyes que ya han sido establecidas”, afirmó Cuccinelli.
La regla ha sido impulsada por Stephen Miller, consejero superior y principal asistente antiinmigrante del presidente Donlad Trump. La medida, que estuvo en espera durante largo tiempo, entrará en vigencia a partir del 15 de octubre.
Según un aviso publicado en el Registro Federal, este cambio garantizaría que las personas inmigrantes «sean autosuficientes», ya que «no dependen de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades, sino que dependen de sus propias capacidades, así como de los recursos de los miembros de la familia, patrocinadores y organizaciones privadas».
Los expertos han dicho que esta podría ser la más drástica de todas las políticas contra la inmigración por parte del gobierno de Estados Unidos. Los defensores de los inmigrantes han criticado el plan como un esfuerzo por reducir la inmigración legal, sin pasar por el Congreso, para cambiar la ley de Estados Unidos.
Según las nuevas reglas, se negaría a más de la mitad de todos los solicitantes de visa basados en la familia, según el Instituto de Política de Migración, una organización de investigación. Se otorgaron unas 800,000 tarjetas verdes en 2016.
La nueva regla se deriva de la Ley de Inmigración de 1882, que permite al gobierno de Estados Unidos denegar una visa a cualquier persona que pueda convertirse en una «carga pública». Los oficiales de inmigración en los últimos años han definido a los solicitantes de visa como una carga pública, si es probable que dependan principalmente de la asistencia del gobierno.
La mayoría de los inmigrantes no residentes, son ilegibles para los principales programas de ayuda hasta que obtienen las tarjetas de residencia, pero la nueva regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional amplía la definición de una carga pública que descalifica a más personas.
Los solicitantes ahora deberán mostrar niveles más altos de ingresos para obtener una visa, y la regla amplía en gran medida, a la lista de beneficios del gobierno que los descalificaría para obtener la residencia en Estados Unidos.
Normalmente, para el caso de familias inmigrantes, habría la opción de una declaración jurada de apoyo, por lo que no necesariamente entrarían dentro de la categoría de ser abordados por la regla de carga pública.
“Si tienen una declaración jurada de apoyo que haya sido examinada por un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), y se cree que el patrocinador puede, de hecho, apoyar a aquellos identificados (más del 125% de las pautas federales de pobreza, que es el estándar), entonces ese sería el final de la discusión. Allí estaríamos hablando de una gran inmigración legal en este país”, concluyó el dirigente interino.
