¿No alquilar a indocumentados?
Trump quiere extender la Ley 392 de Tennessee que presiona a los caseros a entregar información de sus inquilinos
Las autoridades migratorias están exigiendo información a los arrendadores para ubicar a indocumentados
Así, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abre un nuevo camino para rastrear inmigrantes sin papeles aumentar las deportaciones
New York/Houston. TINews/Jesús Jank Curbelo. ICE quiere localizar más, y más rápido a los migrantes indocumentados como lo vienen haciendo desde hace un año en Tennessee; pero ahora Trump quiere extender esta práctica a otros estados.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha comenzado a exigir a propietarios que rentan viviendas información sobre sus inquilinos, como contratos de alquiler y tarjetas de identificación.
Un abogado de bienes raíces de Atlanta, Eric Teusink, compartió una citación donde le pedían que entregara los expedientes de sus arrendatarios e información sobre quienes pudieran haber convivido con ellos. Estos expedientes suelen contener datos relevantes, como el estado civil y el historial laboral de estas personas.
Bill Holston, director ejecutivo del Centro de Defensa contra los Desalojos de Dallas, Texas (DEAC), dijo a EL PAÍS que, si bien los migrantes “ya se sienten intimidados por las acciones desenfrenadas del ICE”, este nuevo esfuerzo por ubicarlos agravará la situación.
Sobre este asunto, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) asegura que no es obligatorio cumplir a menos que un juez lo ordene. “Las órdenes judiciales firmadas por jueces generalmente deben cumplirse”, argumenta al respecto.
“Sin embargo, en el caso de las citaciones del ICE, no hay consecuencias por un incumplimiento inicial. Solo si un tribunal le ordena cumplir y posteriormente no lo hace, se le pueden imponer sanciones”.
“Los arrendadores no están en condiciones de evaluar el TPS (Estatus de Protección Temporal), las Visas Especiales de Inmigrante, la libertad condicional ni las diversas relaciones que las personas puedan tener con el sistema de inmigración”, subrayó al respecto.
Hace un año entró en vigor la ley 392 en Tennessee que penaliza a personas que alberguen u oculten a un extranjero que ingresó de forma ilegal a Estados Unidos. Ahora Trump quiere extenderlo a todo el país.
La normativa clasifica el albergue u ocultamiento de personas como Contrabando de personas
Hace un año entró en vigor la ley 392 en Tennessee que penaliza a personas que alberguen u oculten a un extranjero que ingresó de forma ilegal a Estados Unidos. Ahora Trump quiere extenderlo a todo el país.
La ley 392 de Tennessee, según la Asamblea General de Tennessee, el proyecto de ley incluyó el acto de albergar a migrantes indocumentados dentro de la definición de contrabando de personas.
Delito por contrabando de personas
– Los individuos transportan a una persona con el objetivo de ocultar su paradero a un agente de la ley o a un oficial de inmigración federal.
– Oculta, alberga o protege a un individuo que se encuentra de forma ilegal en Estados Unidos.
En el caso de que la persona cumpla con estos requisitos, la conducta será sancionada como delito de contrabando de personas, clasificado como grave (Clase E).
Excepciones
– Asesoramiento legal: si un abogado con licencia ofrece servicios de buena fe, esto no se toma en cuenta como una violación de la normativa.
– Asistencia médica: esta excepción aplica cuando una persona ofrece servicios médicos a un individuo.
El Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América presentó una demanda contra los fiscales de distrito de Tennessee tras considerar la normativa como “ilegal” y vaga en algunos aspectos.
“La Decimocuarta Enmienda tiene una vaguedad inadmisible. La ley infringe los derechos de las iglesias, amparados por la Primera Enmienda, al libre ejercicio de la religión y la asociación religiosa”.
En Estados Unidos, alquilar a un inmigrante indocumentado puede ser considerado un delito si se obtiene algún beneficio económico a cambio.
La ley 392 de Tennessee, conocida como Senate Bill 392, establece que el acto de «albergar» a personas que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos, si se recibe una compensación por el servicio prestado, es un delito grave.
Esto incluye alquilar departamentos, ofrecer refugio o compartir vivienda con familiares o inmigrantes sin estatus legal. Las multas pueden llegar hasta mil dólares por cada persona indocumentada alojada.
La ley ha sido objeto de demandas legales por parte de organizaciones como la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC) que argumenta que la ley invade competencias federales sobre inmigración y viola derechos constitucionales como la libertad religiosa y de asociación.
Es importante destacar que, aunque la ley 392 de Tennessee ha generado preocupación, no se ha confirmado que alquilar a un inmigrante indocumentado sea un delito en otros estados o en el resto del país.
La situación legal puede variar según la legislación estatal y federal, así como la interpretación de la ley por parte de los tribunales.
“La ley S.B. 392 no mejora la vida de los habitantes de Tennessee ni protege la seguridad pública, sino que busca enfrentar a los vecinos. Esta ley obliga a las organizaciones religiosas a elegir entre seguir sus valores o alinearse.
Obliga a los familiares a temer que el simple hecho de vivir bajo el mismo techo con un ser querido sin estatus legal pueda llevarlos a la cárcel.
El gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó en abril de este año una ley poco conocida que entró en vigor recientemente e impacta en los migrantes.
La legislación requiere que los policías locales informen de forma obligatoria a las autoridades federales sobre personas que se encuentren en Estados Unidos sin estatus legal, pero diversos grupos advierten que podría derivar en la identificación, detención y posible deportación de extranjeros.
