Los migrantes creían que estaban en el juzgado para una audiencia rutinaria. En realidad, era una trampa para la deportación.
AP News
Este año, reporteros de Associated Press observaron procedimientos judiciales de inmigración en 21 ciudades. Las audiencias concluyeron repetidamente con el sobreseimiento de los casos por parte del gobierno, lo que permitió a los agentes arrestar a inmigrantes en los pasillos de los juzgados. Los reporteros de AP también revisaron registros internos y hablaron con jueces, secretarios y abogados de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional para comprender mejor el alcance de la iniciativa del gobierno.
La abogada del gobierno sabía lo que se avecinaba mientras estaba dentro de la sala del tribunal y le enviaba un mensaje de texto a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que la esperaba en un pasillo a pocos metros.
“No puedo con esto”, escribió la abogada en un mensaje mientras revisaba su expediente. “Esto es una carga emocional nueva”.
“Lo entiendo”, respondió el agente. “Espero que nos volvamos a encontrar en una situación mejor”.
Cerca de allí, un hombre cubano que había vivido en Estados Unidos durante años salió de un ascensor y entró en la sala del tribunal donde la abogada del gobierno lo esperaba para lo que el hombre creía que sería una audiencia rutinaria.
El hombre estaba cumpliendo con la ley y había ido acompañado de su esposa, residente legal, y su bebé de siete meses.
Entonces, la abogada rápidamente solicitó que se desestimara la solicitud de asilo del hombre y un juez estuvo de acuerdo, lo que lo hizo elegible para la “deportación acelerada”. Al salir de la sala del tribunal, el hombre fue rodeado por agentes de inmigración vestidos de civil que lo habían estado vigilando. Se produjo un forcejeo y los gritos de la esposa se oían desde el pasillo mientras el abogado pasaba al siguiente caso.
La promesa de Trump durante su campaña de 2024 de imponer políticas migratorias de línea dura fue una de las principales razones por las que ganó un segundo mandato. Ahora que los estadounidenses han visto cómo se está implementando su plan, hay indicios de que muchos creen que se ha excedido. Alrededor del 57% de los adultos desaprueba la gestión de Trump en materia de inmigración, según una encuesta realizada este mes por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC.
Durante varios meses, periodistas de Associated Press observaron procedimientos judiciales en tribunales de inmigración en 21 ciudades. Las audiencias terminaron repetidamente con el sobreseimiento de los casos por parte del gobierno, lo que permitió a agentes federales vestidos de civil realizar arrestos en los pasillos de los juzgados en estrecha coordinación con abogados del Departamento de Seguridad Nacional.
La agencia Associated Press obtuvo capturas de pantalla de los mensajes de texto de un funcionario gubernamental que, por temor a represalias, las proporcionó bajo condición de anonimato. Los mensajes ofrecen una perspectiva inusual sobre cómo los 75 tribunales de inmigración del país emiten fallos en serie, casi como en una cadena de montaje, y cómo, para muchas personas, las salas de justicia se han convertido en trampas de deportación.
Arrestos en los juzgados coordinados con días de antelación.
En un sistema judicial con un retraso de aproximadamente 3,8 millones de casos de asilo, las familias se han visto separadas y sus vidas trastornadas. El debido proceso parece ser una mera formalidad.
«Cuando los estadounidenses piensan en una sala de justicia, tienen algunas expectativas básicas» de justicia, dignidad e imparcialidad, afirmó Ashley Tabaddor, exjueza de inmigración en Los Ángeles y expresidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
«Eso es lo que define a un tribunal: no una sala con un estrado o una persona con toga», añadió. «Pero lo que tenemos aquí es una visión completamente distorsionada».
En los últimos nueve meses, el gobierno de Trump destituyó a casi 90 jueces de inmigración considerados demasiado indulgentes por sus aliados, ordenó a agentes enmascarados esposar a migrantes en audiencias de asilo a puerta cerrada y envió memorandos instruyendo a los jueces a acatar las directrices.
A diferencia de los tribunales federales, donde existen normas de procedimiento estrictas y los jueces tienen cargos vitalicios, el Departamento de Justicia administra los tribunales de inmigración y el fiscal general puede destituir a los jueces con menos restricciones.
