Trump pretende excluir del censo a inmigrantes que están en EEUU de manera ilegal
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WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al Departamento de Comercio que cambie la forma en que la Oficina del Censo recopila datos, con la intención de excluir a los inmigrantes que están en el país sin autorización, dijo el jueves el mandatario.
Las recopilaciones de datos del censo se basarán en “hechos y cifras de hoy día y, lo que es más importante, utilizando los resultados e información obtenida de la Elección Presidencial de 2024”, dijo Trump en su red social, un indicio de que podría intentar incorporar sus políticas en un conteo que determina el poder político y la forma en que se distribuyen los fondos federales.
Trump enfatizó que, como parte de los cambios, las personas que están “ilegalmente en nuestro país” serán excluidas de los conteos del censo.
Los expertos señalan que no está claro exactamente cuál es la propuesta de Trump, si consiste en realizar cambios para el censo de 2030 o efectuar un censo a mitad de la década, y, de ser así, si se utilizaría para el proceso de asignación de escaños en el Congreso entre los estados con base en el conteo de población.
¿Un nuevo censo?
Cualquier cambio en la realización de un censo nacional, que es la mayor empresa no militar del gobierno federal, requeriría modificaciones a la Ley del Censo y la aprobación del Congreso, que tiene responsabilidades de supervisión, y probablemente habría una feroz batalla. Aunque la Ley del Censo permite realizar un conteo poblacional a mitad de la década para cosas como la distribución de fondos federales, no puede usarse para la distribución de escaños o la redistribución de distritos y debe realizarse en un año que termine en 5, dijo Terri Ann Lowenthal, exasistente del Congreso que asesora sobre temas del censo.
“No puede ordenar unilateralmente un nuevo censo. El censo está regido por la ley, sin mencionar la Constitución”, dijo Lowenthal. “Es una idea mal concebida”.
Logísticamente, sería casi imposible llevar a cabo un censo a mitad de la década en un tiempo tan corto, dijo Jeffrey Wice, catedrático de la Escuela de Derecho de Nueva York.
“No es algo que puedas hacer de la noche a la mañana”, dijo Wice, experto en censo y redistribución de distritos. “Juntar todas las piezas sería un desafío tremendo, si no imposible”.
La publicación de Trump en Truth Social encaja en un patrón general en el que intenta remodelar a su gusto las medidas básicas de cómo funciona la sociedad estadounidense, un proceso que abarca desde las cifras mensuales de empleo hasta cómo se trazan los distritos parlamentarios de cara a las elecciones intermedias de 2026. Pero podría haber impugnaciones legales si intentara remodelar el censo, que también guía la distribución de 2,8 billones de dólares en fondos federales a los estados para carreteras, atención médica y otros programas.
Una pregunta de ciudadanía en el censo
En una decisión tomada en 2019, la Corte Suprema impidió que Trump agregara una pregunta sobre ciudadanía al censo de 2020. La 14ta Enmienda dice que “el número total de personas en cada estado” debe contarse para obtener la cifra utilizada para la distribución de escaños en el Congreso y los votos del Colegio Electoral entre los estados con base en la población.
La última vez que el censo incluyó una pregunta sobre ciudadanía fue en 1950, y los propios expertos de la Oficina del Censo pronosticaron que no se contaría a millones de hispanos e inmigrantes si se preguntara a todos si son ciudadanos estadounidenses.
Los cambios en el censo también podrían favorecer los planes de Trump para instar a varios estados gobernados por republicanos, como Texas, a redibujar sus mapas distritales antes de lo previsto, en formas que favorecerían a los candidatos de su partido.
Esfuerzos de redistribución de distritos
La redistribución de distritos suele ocurrir una vez cada 10 años después del censo, ya que los estados ajustan los límites de los distritos con base en los cambios de población, a menudo ganando o perdiendo escaños en el proceso.
A pesar de que Texas redibujó sus mapas hace sólo unos años, Trump presiona a los republicanos del estado para que repitan el proceso, afirmando que tienen “derecho” a cinco escaños republicanos adicionales. Los republicanos de Texas mencionan el crecimiento de la población como justificación para redibujar el mapa parlamentario. El estado tiene actualmente 38 escaños en la Cámara de Representantes, 25 de ellos ocupados por republicanos.
El equipo de Trump también participa en discusiones similares sobre redistribución de distritos en otros estados controlados por republicanos, como Missouri e Indiana.
El viernes pasado, el mandatario despidió a la jefa de la Oficina de Estadísticas Laborales, Erika McEntarfer, después de que las revisiones estándar al informe mensual de empleos mostraran que los empleadores agregaron 258.000 empleos menos de lo que se informó previamente en mayo y junio. Las revisiones indican que la contratación se ha debilitado severamente durante el mandato de Trump, socavando sus afirmaciones de un auge económico.
La Casa Blanca insiste en que el problema fue el tamaño de las revisiones y que quiere números precisos. Pero expertos externos no estuvieron de acuerdo con esa evaluación.
“Básicamente, Trump está destruyendo el sistema estadístico federal”, dijo Margo Anderson, profesora emérita de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee que ha escrito ampliamente sobre la historia del censo. “Quiere números que respalden sus logros políticos, tal como él los ve”.
Después de que la Corte Suprema eliminara la pregunta de ciudadanía en 2019, Trump hizo otro intento en 2020, anunciando un plan para excluir de las cifras de distribución a las personas que viven en el país sin autorización.
Tras las demandas presentadas por estados, ciudades y organizaciones, los tribunales inferiores dictaminaron que el plan era ilegal. Para cuando la Corte Suprema intervino, Trump había perdido la reelección. Los jueces eludieron una decisión sobre la legalidad del plan de Trump, desestimando el caso por motivos técnicos de procedimiento. La corte dijo, en una opinión no firmada, que sólo hablaba por la mayoría conservadora de seis jueces que “no expresamos ninguna opinión sobre los méritos de las reclamaciones constitucionales y legales relacionadas que se presentaron. Sólo sostenemos que no son adecuadas para adjudicación en este momento”.
Los tres jueces liberales disintieron, diciendo que el intento de excluir del conteo de población a personas que están en el país para la distribución de escaños en la Cámara de Representantes es ilegal.
“Creo que esta Corte debería decirlo”, escribió el juez Stephen Breyer, junto con las juezas Elena Kagan y Sonia Sotomayor.
