¿Cómo ha sido la guerra migratoria en los primeros 100 días del gobierno de Trump?
EFE
Donald Trump llegó al poder apoyado en un discurso antiinmigración, con una promesa central de cerrar las puertas a quienes buscan emigrar o encontrar refugio en el país y de poner en marcha la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos.
En sus primeros 100 días en la Casa Blanca, que se cumplen este martes, el presidente ha forzado los límites del Ejecutivo para cumplir su palabra, firmando más de 170 decretos y empujando a otras agencias -como el Pentágono o el Departamento de Justicia-a involucrarse en la gestión migratoria.
Trump se ha enfrentado a obstáculos judiciales y logísticos -falta de personal y de infraestructura- para lograr las deportaciones «masivas» que prometió a sus votantes.
El gobierno ha sacado pecho del aumento en los arrestos de migrantes, que se han duplicado en comparación con la Administración anterior de un promedio de 310 al día a más de 650, según cifras del Migration Policy Institute.
En contraste, no han publicado datos con la cantidad total de deportaciones y los que se conocen muestran que han expulsado a un ritmo igual o menor del que llevaba el Gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025).
Esto ha provocado frustración dentro del Ejecutivo, según filtraciones a medios estadounidenses, que ha decidido lanzar una campaña promoviendo la «autodeportación»: es decir, que los migrantes decidan por su cuenta volver a sus países de origen.
En medio de la presión por acelerar las deportaciones y arrestos, se han dado decenas de casos de detenciones de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y migrantes con un estatus legal.
Otros programas migratorios en el limbo
La Administración de Trump también ha intentado eliminar una serie de programas y beneficios migratorios creados por su antecesor, entre ellos el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, el estatus de protección temporal y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera.
Como consecuencia, más de medio millón de personas se han quedado en un limbo legal -mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de los programas- o directamente en una situación migratoria irregular.
En febrero, el Gobierno de Trump comenzó a usar la base naval estadounidense en Guantánamo (Cuba) para retener a migrantes, trasladándolos desde centros de detención en EE.UU.
Inicialmente, las autoridades enviaron allí a 178 migrantes venezolanos, que pasaron varias semanas encarcelados antes de ser deportados a Venezuela, provocando el rechazo de organismos internacionales.
Desde entonces, las autoridades han trasladado discretamente a más personas a la base para luego enviarlos a otros países. Actualmente están detenidas allí 45 personas, según informó el diario The New York Times.
El uso de la ley de Enemigos Extranjeros
A mediados de marzo, Trump decidió invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa poco conocida y usada en el pasado solo en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de migrantes (en su mayoría venezolanos) hacia una megacárcel en El Salvador.
En total, el Gobierno ha enviado a más de 200 personas al país centroamericano, sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte ni de comunicarse con sus familias o abogados, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como «desaparición forzada».
El uso de esta la ley que data de 1798 ha desatado un enfrentamiento con el Judicial que amenaza con crear una crisis constitucional, según han alertado ya expertos legales y voces críticas del Ejecutivo.
El Supremo ha decidido intervenir con urgencia para resolver las demandas que se han presentado en contra de su uso y ha ordenado una pausa temporal a las expulsiones.
El uso de la ley de Enemigos Extranjeros
A mediados de marzo, Trump decidió invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa poco conocida y usada en el pasado solo en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de migrantes (en su mayoría venezolanos) hacia una megacárcel en El Salvador.
En total, el Gobierno ha enviado a más de 200 personas al país centroamericano, sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte ni de comunicarse con sus familias o abogados, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como «desaparición forzada».
El uso de esta la ley que data de 1798 ha desatado un enfrentamiento con el Judicial que amenaza con crear una crisis constitucional, según han alertado ya expertos legales y voces críticas del Ejecutivo.
El Supremo ha decidido intervenir con urgencia para resolver las demandas que se han presentado en contra de su uso y ha ordenado una pausa temporal a las expulsiones.
