Honduras amenaza a Trump con cerrar bases militares estadounidenses si deporta masivamente a sus ciudadanos

Las remesas familiares que envían los migrantes hondureños representan alrededor del 25 por ciento del producto interior bruto de Honduras, 8.858 millones de dólares entre enero y noviembre del 2024, el 90% procedente principalmente de Estados Unidos, según datos del Banco Central Hondureño.

Estados Unidos mantiene desde 1982 la base aérea José Enrique Soto Cano, conocida como ‘La Palmerola’, en la localidad de Comayagua, en el centro de Honduras, donde se encuentran 500 militares estadounidenses, así como 500 civiles de ese país y hondureños.

New York. Por Asier Vera (El Mundo de Madrid, noticias de inmigración. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, amenazó con cerrar las bases militares de Estados Unidos en el país centroamericano si el presidente electo, Donald Trump, cumple su promesa de una deportación masiva de migrantes, lo que tachó de «actitud hostil».

Durante su mensaje a la nación con motivo del inicio del año, Castro esperó que la nueva administración norteamericana «del presidente electo democráticamente, Donald Trump, sea abierta al diálogo constructivo y amistoso» y, por tanto, «no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes que por norma hacen un gran aporte a la economía» estadounidense.

Castro advirtió de que si Trump decide expulsar masivamente a sus migrantes, «tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar en el que, sin pagar un centavo, por décadas, mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras».

Concretamente, EE.UU. mantiene desde 1982 la base aérea José Enrique Soto Cano, conocida como ‘La Palmerola’, en la localidad de Comayagua, en el centro de Honduras, donde se encuentran 500 militares estadounidenses, así como 500 civiles de ese país y hondureños.

Creada en plena ‘Guerra Fría’ para controlar los movimientos comunistas en los países de Centroamérica, como Nicaragua, la denominada Fuerza de Tarea Conjunta Bravo está bajo el mando del Comando Sur de EEUU.

De acuerdo a su página web, cuenta con una base área avanzada, con el fin de «realizar operaciones contra el crimen organizado transnacional, asistencia humanitaria y esfuerzos de socorro en casos de desastre». Asimismo, tiene entre sus fines «promover la cooperación y la seguridad regional en América Central, América del Sur y el Caribe».

Su última misión fue en 2021, cuando brindó asistencia en Haití tras el terremoto de magnitud 7,2 que causó más de 2.000 muertos. En esa ocasión, se usó la base militar estadounidense de Honduras para transportar los suministros de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID). Asimismo, en los últimos años, brindó asistencia de desastres después del Huracán Mitch (1998), así como tras la devastación causada en 2020 por los huracanas Eta e Iota en Honduras, Guatemala y Panamá.

Sin embargo, esta base militar podría tener sus días contados, según Xiomara Castro, en caso de que Trump, quien asumirá el poder el próximo 20 de enero, cumpla su principal promesa durante la campaña electoral: una deportación masiva de migrantes, lo que podría afectar a los 11 millones de personas en condición irregular que viven en EEUU, según datos oficiales, aunque el presidente electo eleva esta cifra a 25 millones.

Pese a que no ha precisado a cuántos migrantes piensa deportar, ya ha nombrado a Thomas Homan al frente de las políticas migratorias y de seguridad fronteriza, quien ya ostentó el cargo de director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el anterior gobierno de Trump.

«Homan estará a cargo de todas las deportaciones de extranjeros ilegales a su país de origen», avisó el futuro presidente estadounidense refiriéndose a quien en su día impulsó medidas de deportación y apoyó la separación de familias migrantes para evitar que hubiese cruces fronterizos irregulares. Además de las deportaciones, el nuevo presidente de EEUU pretende suprimir la ciudadanía por nacimiento, reconocida en la Constitución, así como continuar con la construcción del muro en la frontera sur con México.

De acuerdo a las autoridades hondureñas, más de un millón de migrantes de este país centroamericano residen en EEUU, entre residentes con documentos e irregulares, de los cuales 250.000 están en lista de deportación.

EL 25% DE LA ECONOMÍA DEPENDE DE REMESAS. Cabe recordar que las remesas familiares que envían los migrantes hondureños representan alrededor del 25 por ciento del producto interior bruto de Honduras, de modo que el país recibió 8.858 millones de dólares entre enero y noviembre del pasado año, procedentes principalmente de EEUU (90 por ciento), según datos del Banco Central Hondureño.

En este escenario y ante la espada de Damocles de una expulsión masiva de migrantes, Castro anunció que, como presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocará este mes de enero, junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a una reunión de cancilleres, con el objetivo de abordar el tema de la migración. Asimismo, avanzó que este encuentro también irá dirigido a «apoyar a la hermana República de Haití y manifestar nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Cuba».

Varias organizaciones de migrantes de manifestaron el pasado 17 de diciembre frente al Congreso y el Tribunal Supremo de EEUU para pedir al presidente, Joe Biden, y a los legisladores que traten de frenar el plan de deportaciones y protejan su futuro a través de una extensión de sus permisos de residencia y sus Estatus de Protección Temporal (TPS).

No es la primera vez que la mandataria hondureña mantiene un conflicto diplomático con EEUU, dado que el pasado 28 de agosto, decidió cancelar el tratado de extradición con ese país, al considerar que se estaba fraguando un plan de «golpe de Estado» contra su Gobierno, al igual que sucedió en 2009 cuando se derrocó a su marido y expresidente Manuel Zelaya.

El tratado, vigente desde 1909 y que caducará el próximo mes de febrero, ha permitido encarcelar en EEUU a decenas de narcotraficantes hondureños, así como en 2022 al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien guarda prisión en Nueva York por tráfico de drogas.

Por su parte, el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, advirtió de que la expulsión de la base militar de EEUU podría «romper relaciones con EEUU, nuestro principal socio estratégico» y, además, «poner en riesgo nuestra estabilidad regional». Asimismo, auguró que el Gobierno de Castro estaría contemplando entregar esta base a China, país con el que mantiene una estrecha relación diplomática.

Así, consideró que esta medida tendría posibles repercusiones económicas, dado que «un conflicto de esta magnitud abriría la puerta a aranceles devastadores para nuestras exportaciones, golpeando de lleno a nuestra ya frágil economía y dejando a miles de hondureños sin sustento».

Honduras, el país latino con más deportados de los Estados Unidos

Honduras encabeza el ranking de países con nacionales que tienen orden de deportación en Estados Unidos de acuerdo a un informe del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dado a los legisladores norteamericanos y que fue revelado por la prensa estadounidense.

Con 261,651 connacionales, Honduras ocupa la primera posición de la lista de naciones que tienen autorizadas órdenes de deportación, pero que no se encuentran bajo la tutela del ICE, admitió la agencia a los legisladores.

En segundo lugar se encuentra Guatemala con 253,413 y en tercer lugar México con 252,044 ciudadanos y la cuarta posición la tiene El Salvador con 203,822, de acuerdo a un reporte del medio Fox News, retomado posteriormente por Newsweek.

En total hay casi 1.5 millones de inmigrantes indocumentados que están en los registros del ICE como no detenidos, pero que tienen órdenes finales de deportación desde el pasado 24 de noviembre del 2024.