Juez frena la subida del salario a los repartidores en New York

Cuatro compañías, entre ellas Uber, habían demandado a la ciudad por una ley pionera en EE UU que fija un salario mínimo para los repartidores de comida a domicilio

Un juez de Manhattan ha bloqueado este viernes la aplicación de una ley pionera en EE UU que fija un sueldo mínimo para los repartidores de comida a domicilio. El fallo responde a la demanda presentada la víspera contra la ciudad de Nueva York por cuatro plataformas de distribución, por considerar que el incremento salarial redundaría en un mayor coste para los restaurantes y, por consiguiente, para el cliente. La nueva norma salarial, aprobada el mes pasado gracias al impulso del consistorio, obligaría a las plataformas DoorDash, Grubhub, Uber y Relay -esta última, de ámbito local- a pagar a los repartidores de comida 17,96 dólares por hora y a aumentar esa cantidad a 20 dólares en 2025. Los repartidores ganan actualmente unos 11 dólares la hora, según estimaciones municipales. Las cuatro empresas, que funcionan a través aplicaciones, abarcan casi todas las entregas de comida en la ciudad.

En Nueva York hay unos 65.000 repartidores, o deliveristas, como se denominan en espanglish, dado que la mayoría son de origen hispano. Son el eslabón más vulnerable del mercado laboral: no dejan de trabajar ni siquiera en circunstancias extremas, como demostró su actividad incesante durante la pandemia, en medio de la nieve o con el agua a la altura del manillar en las periódicas inundaciones que se ciernen sobre la ciudad. En octubre de 2021 recibieron un primer respaldo del Ayuntamiento, que estableció un paquete de mínimos de seguridad en su trabajo, entre ellos poder usar el baño de los restaurantes a los que sirven. Año y medio después, el pasado 12 de junio, se sumaba un sueldo mínimo para los trabajadores adscritos a plataformas, que reciben los encargos directamente a través de las apps. Son la mayoría de cuantos operan en la ciudad. Actualmente, también la mayoría de ellos depende de la arbitrariedad de las propinas para redondear el jornal.

Los servicios de reparto de comida solicitaron este jueves una orden de restricción temporal ante el Tribunal Supremo de Manhattan para impedir que los cambios entraran en vigor el 12 de julio. “Toda la ley de la ciudad depende de la falsa suposición de que los restaurantes no ganan dinero con las entregas: debe frenarse [su aplicación] antes de perjudicar a los restaurantes, los consumidores y los mensajeros a los que pretende proteger”, dijo el jueves el portavoz de Uber, Josh Gold, en un comunicado. Los gigantes de la distribución DoorDash y Grubhub presentaron una demanda conjunta. Uber presentó la suya propia, al igual que Relay Delivery, la única de ámbito local. Por separado, portavoces de las tres primeras plataformas expresaron este viernes su satisfacción por el fallo.

A cinco días de la entrada en vigor de la ley, que suponía una avanzadilla en el país, el juez Nicholas Moyne, del Tribunal Supremo de Manhattan, ha dejado en suspenso temporalmente, se ignora por cuánto tiempo, su aplicación. La orden temporal refuerza las demandas de las aplicaciones, según el sindicato Los Deliveristas Unidos. “Está claro que estas compañías multimillonarias harán todo lo que esté en su mano para impedir que los más de 65.000 repartidores [dependientes] de plataformas ganen un sueldo que les permita vivir en Nueva York. Esta maniobra legal para sacar adelante su modelo de negocio se produce a expensas de los trabajadores, que apenas pueden vivir en una ciudad con una crisis de asequibilidad”, dijo el sindicato en un comunicado, la víspera de conocerse el respaldo judicial a las demandas. Nueva York es la ciudad más cara de EE UU y se encuentra entre las tres más caras del mundo.

“Creo que seguirán haciendo todo lo que puedan para pagar a los trabajadores lo mínimo posible, o al menos para continuar dilatando el proceso”, manifestó Ligia Guallpa, de la ONG Proyecto Justicia Laboral, que apadrinó la ley municipal. Desde el Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador del consistorio tampoco se han ahorrado críticas tanto a las demandas de las plataformas como a la sentencia: “Al ponerse del lado de Uber, la orden de Moyne anula temporalmente la norma del 12 de junio” aprobada por la agencia municipal, ha dicho mediante un comunicado su responsable, Vera Mayuga. “Estas aplicaciones pagan actualmente a los trabajadores muy por debajo del salario mínimo, y este aumento salarial ayudaría a sacar de la pobreza a miles de neoyorquinos trabajadores y a sus familias”, en su mayoría inmigrantes.

Gustavo Ajche, tal vez el repartidor más conocido de Nueva York -documenta fotográficamente a través de sus redes sociales las duras condiciones de su oficio-, ha calificado el fallo de decepcionante y triste. “Estas empresas tienen la capacidad de pagar el salario mínimo que la ciudad propuso, pero seguirán torciendo el brazo porque tienen el dinero y el poder para hacerlo”, explica Ajche, fundador de Los Deliveristas Unidos. El récord de temperaturas alcanzado esta semana, con el termómetro por encima de los 30 grados centígrados y niveles de humedad que superan el 60%, añade cólera a la frustración de los trabajadores. Como recordaba Ajche en una entrevista anterior a este diario, la pandemia sacó de las sombras a los repartidores, considerados entonces trabajadores esenciales y hoy preteridos, “y doblemente marginados”, por la decisión del juez Moyne. “Arriesgamos nuestra salud en la calle día a día para servir a los neoyorquinos”, incide.

No es una pelea menor, ni siquiera una repetición de la sempiterna lucha de David contra Goliat. Independientemente de lo que dure el bloqueo judicial, los deliveristas, como se denominan, son parte fundamental de un proceso productivo en el que la tecnología está conformando nuevas realidades económicas, “de un debate sobre el valor y la consideración del trabajo, un escenario nuevo que aún no se ha acabado de dibujar”, recordaba recientemente Hildaly Colón, del sindicato de repartidores. Es suma, sobre la precariedad de las condiciones laborales en la llamada gig economy.

Maria Antonia Sanchez Vallejo EL PAIS